Por: Ximena Antillón Najlis*

Como es sabido, en México existe un importante movimiento de personas que, habiendo sido atravesadas vitalmente por la violencia y la impunidad, se han organizado para convertir su experiencia en una potencia transformadora. Hacia finales de la administración de Felipe Calderón, el movimiento de víctimas –he eludido deliberadamente este término para problematizarlo más adelante–, logró el reconocimiento de sus derechos en la Ley General en la materia, publicada en el año 2013, y posteriormente en leyes locales que a su vez dan lugar a la creación de instituciones para operar el acceso a este conjunto de derechos.

Una de las intenciones al impulsar estos marcos normativos fue dar certeza a quienes han vivido hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos, sobre sus derechos a la verdad, la justicia, y la reparación, así como brindar medidas de apoyo para hacer frente a las consecuencias de estos hechos y reconocerlas como sujetos de derechos en su lucha por la justicia: “Que las autoridades sepan que no nos están haciendo un favor”. En otras palabras, romper el espacio de discrecionalidad de los y las servidoras públicas, cuyas actuaciones dependían de su “sensibilidad” o “empatía”, que terminaba dejando a las víctimas en un lugar infantilizado y minimizado, y establecer en cambio una serie de obligaciones.

La puerta de acceso a “la atención a víctimas” y los derechos establecidos en estas normas es el reconocimiento por parte del Estado de la calidad de víctima, que “se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos” y puede ser efectuada por una serie de autoridades, como jueces, ministerios públicos, organismos públicos e internacionales de derechos humanos, entre otros (artículos 4 y 110 de la Ley General de Víctimas).

Estas disposiciones significan en la práctica que la víctima, además de haber sufrido un hecho victimizante, debe parecer una víctima y en concreto, demostrar que ha sufrido un daño. Sin embargo, esta demostración está mediada por discursos expertos, particularmente la psicología y el derecho, autorizados en el proceso penal o administrativo, para dar cuenta de su sufrimiento a través de sus propias categorías.

De este modo se despliegan una serie de “tecnologías de la victimidad”, que son procedimientos y operaciones a través de las cuales se impone una forma de subjetivación de la experiencia centrada en ciertas manifestaciones del daño y el sufrimiento, pero también de dar cuenta de la credibilidad de la víctima. Es en virtud de estas tecnologías que las víctimas terminan siendo sometidas a una especie de “mini juicio”, o juicio previo, en el que deben demostrar que efectivamente lo son. Ejemplos paradigmáticos los constituyen los delitos de violación o feminicidio, en los que las víctimas o sus seres queridos se encuentran con que deben defenderse de la desacreditación, estigmatización y culpabilización disfrazada de evaluaciones científicas a través de periciales que no dejan muy claro la manera en que llegan a sus conclusiones.

Las tecnologías de la victimidad también incluyen prácticas informales a través de las cuales se hace saber a la víctima la manera en que debe comportarse frente al Estado, aguantando procedimientos arbitrarios o clientelares, requisitos que nadie conoce, largos tiempos de espera e incluso nuevas violaciones a sus derechos. De esta forma se construye una “víctima ideal”, que espera pacientemente, no reclama y se ve nuevamente despojada de sus derechos, por lo que solo le queda apelar a la sensibilidad y la empatía de las autoridades. La cereza en el pastel es la idea de resiliencia, que, palabras más o palabras menos, reconoce la capacidad de la persona para sobreponerse a la adversidad o superar sus traumas, cuando el contexto que las genera permanece exactamente igual y la impunidad prevalece.

Dado que la psicología juega un papel fundamental en esto que hemos dado en llamar tecnologías de la victimidad, es fundamental hacer un llamado a cuestionar el papel que juega a la hora de realizar procesos de acompañamiento y periciales a personas y colectivos que enfrentan daños, pero también son movidas por la rabia y la indignación. Poner en el centro a la víctima significa dejar de reproducir la violencia y tomar posición frente a la injusticia.

* Ximena Antillón Najlis es investigadora en el programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico

Fundar

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Centro de Análisis e Investigación, para la capacitación, difusión y acción en torno a la democracia en México.

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